Santo Domingo, República Dominicana. Los distintos implicados en el Caso Coral acudirán a diferentes salas de la corte de apelación con el objetivo de obtener su libertad.
Tanner Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán, buscará obtener su libertad mediante el conocimiento de un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El tribunal de alzada conocerá a las 10:00 de la mañana el recurso que interpuso el imputado a través de sus abogados, con lo cual buscará que se le varié la prisión preventiva dictada en su contra.
Mientras que los imputados Rafael Núñez de Aza y Alejandro Montero Cruz, también vinculados en el caso Coral, acuden a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, con el fin de obtener su libertad.
En tanto que el 28 de junio la pastora Rossy Guzmán acudirá ante la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación, también con el objetivo de obtener su libertad.
Mientras que el 1 de julio, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) en el período 2012-2020, acudirá ante la Tercera Sala Penal también con el fin de buscar su libertad.
Los imputados buscan que el tribunal de alzada revoque la decisión de la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente, que los envió al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, por 18 meses junto a otros de los involucrados en el caso Coral.
En las instancias las defensas de los imputados piden a la Corte revocar la decisión y por consiguiente disponer la libertad de sus clientes pura y simple, y que en caso contrario imponga el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
En el caso también figura como acusado el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
El abogado Félix Portes, quien representa al coronel Núñez de Aza señaló que la decisión recurrida está viciada, porque hubo una falta contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la resolución y una errónea aplicación de una norma jurídica.